Las cifras de la estafa española

Ricardo Molero Simarro - Nodo50.org

A pesar de que en su momento los beneficios del crecimiento económico generado con la burbuja quedaron en manos de muy pocos, desde 2008 las pérdidas de la crisis financiera que aquélla provocó no han dejando de canalizarse hacia las cuentas públicas...

El retraso en la aprobación de las medidas para constituir la denominada “unión bancaria” dentro de la UE va a hacer que se confirme lo que era un secreto a voces: el rescate a la banca privada (o privatizada) española va a ser definitivamente incorporado al montante de la deuda pública. Este va a ser el penúltimo paso del proceso de socialización de pérdidas privadas que estamos viviendo desde que comenzó la crisis. Una crisis que, como ya es evidente para una mayoría de la población, no es una crisis, sino una auténtica estafa. El montante al que está llegando dicha socialización es ciertamente difícil de calcular, pero es posible obtener una cifra aproximada con simplemente resumir las principales operaciones de rescate bancario que se han llevado y se siguen llevando a cabo.

Tenemos que empezar por recordar que, a pesar de la falsa retórica del “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, como explica Eduardo Garzón, la deuda pública aún no supone más que un 20% del total de la deuda de la economía española. Hay que tener en cuenta, además, que esta cifra es de finales del año pasado, una vez que según los datos de la Comisión Europea la deuda estatal se ha prácticamente doblado desde su nivel anterior a la crisis, pasando de suponer un 36,3% en 2007 (uno de los niveles más bajos de toda la UE) a un 68,5% en ese año 2011 (una cifra que aún sigue siendo más baja que las de Alemania o Francia y, por supuesto, Grecia, Italia, Irlanda o Portugal). Es decir, que contrariamente a la extendida idea de que el problema de la deuda proviene del despilfarro del sector público y por ello la disminución de su tamaño y el recorte de los servicios que presta sería la solución a la crisis, en realidad, dicha deuda tiene una clara naturaleza privada.

No en vano, del montante total del endeudamiento de la economía española, el cual supera el 300% del PIB, un 80% lo constituye la deuda de bancos, empresas y familias. La deuda de estas últimas sólo representa un 25%, mientras que la de bancos y empresas supone un 75%. Y dentro de la deuda de las segundas, un 95% es deuda de las grandes empresas. Más aún, como también detalla Eduardo Garzón, el 40% de las familias de menor renta, dedican casi un 75% de la deuda que han contraído a la financiación de la hipoteca sobre su primera vivienda, algo cuya ostentación es un derecho social básico garantizado por la Constitución. Es decir, que contrariamente a la también extendida idea de que toda la población habría participado en la bacanal de la burbuja inmobiliaria y, por ello, tendría ahora que pagar la factura de la crisis, en realidad quienes habrían hecho negocio con la especulación inmobiliaria serían únicamente quienes tenían capacidad para ello: las familias de mayor poder adquisitivo, las constructoras, las promotoras y los propios bancos.

A pesar de que en su momento los beneficios del crecimiento económico generado con la burbuja quedaron en manos de muy pocos, desde 2008 las pérdidas de la crisis financiera que aquélla provocó no han dejando de canalizarse hacia las cuentas públicas. Según los datos de la misma Comisión Europea, el montante de ayudas estatales dadas a la banca entre 2008 y 2010, es decir, antes incluso de que el famoso rescate se pusiese en el horizonte, podría llegar a ascender a un 8,4% del PIB. Como explica Bibiana Medialdea, dicha cantidad, transferida al sector bancario en buena medida a través del FROB, se habría repartido en 10.800 millones de ayudas para recapitalizar los bancos, 55.830 de avales y garantías que se les habría dado para endeudarse con terceros y 22.180 millones en facilidades de financiación e inyecciones de liquidez. Estos importes, que pasaron a contabilizarse como deuda pública, explican, junto con la merma de ingresos fiscales generada por la crisis, que el monto de aquélla esté llegando al equivalente al 80% del PIB este año 2012, después de haberse incrementando el gasto en pago de los intereses que genera en un 80% entre 2007 y 2012.

Sin embargo, aunque esto supone una carga ilegítima para el Estado, esos fondos públicos dedicados a la ayuda del sector bancario no tendrían que haber supuesto tal incremento en los intereses. Si en vez de proveer de crédito público subvencionado a la banca privada, el Banco Central Europeo (BCE) se hubiese dedicado a financiar directamente a los Estados el precio de su financiación hubiese sido mucho menor. El problema último es que mientras desde el inicio de la crisis ha puesto a disposición de la banca privada europea una facilidad de crédito a un tipo de interés de entre el 1% y el 1,5%, el BCE tiene prohibido por sus estatutos prestar a los Estados. Lejos de canalizar este crédito hacia empresas o familias, dicha banca lo ha dedicado a la especulación con la deuda pública de países como España, obteniendo rentabilidades de más del 5% (diferencia entre esos tipos a los que le ha prestado el BCE y aquellos a los que el Estado español se ha visto obligado a colocar sus títulos de deuda). Para hacernos una idea de la magnitud de este mecanismo, según los datos del mismo Banco de España (BdE), el montante neto que la banca privada española había obtenido a través de él llegó a alcanzar el pasado mes de agosto la cifra de los 388.000 millones de euros.

Pero ni siquiera con este mecanismo, que ha contribuido decisivamente a multiplicar el montante de intereses pagados por el Estado, ha sido suficiente para sanear la banca. Según los cálculos realizados por la consultora privada Oliver Wyman, las entidades bancarias españolas aún necesitarían unos 55.000 millones de euros de inyección directa de capital por parte del sector público. Esta cifra es la que va a ser financiada con el dinero procedente del mecanismo de rescate de la UE. La cantidad que el Estado tomaría para el rescate de la banca privada incorporándola, como contábamos al principio, al total de la deuda pública, sería de 40.000 millones de un total de 100.000 millones de euros de los que estaría provista la línea de crédito abierta por la UE.

Sin embargo, tampoco estos fondos serían suficientes, ya que después de poner en marcha el rescate aún quedaría la guinda del pastel: la “limpieza” de los denominados “activos tóxicos” (principalmente derivados del mercado inmobiliario) presentes en los balances de la banca, los cuales, según los cálculos del BdE, superarían los 180.000 millones de Euros. De ellos, está previsto que el denominado “banco malo” que se dispone a crear el Gobierno adquiera unos 90.000 millones, cuya financiación, tal y como explica Antonio Sanabria, provendrá en buena medida de transferencias del FROB o estará garantizada por el Estado.

En total, todo ello supone que la ayuda pública dada a la banca privada desde 2008 ascendería a 218.000 millones de euros, equivalente aproximadamente al 20% del PIB de la economía española y a un tercio de la deuda pública en 2011. De ellos, al menos 73.000 millones serían ayuda directa. A estas cantidades habría que sumar los casi 400.000 millones provenientes de la facilidad de préstamo del BCE. Es todo ello lo que explica que, tal y como afirmé en un artículo anterior, en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año se hayan tenido que recortar 40.000 millones de gastos en servicios como la sanidad, la educación, la investigación y desarrollo, o la dependencia, como contrapartida a los, al menos, 38.000 millones de euros que va a suponer el pago de intereses de la deuda.

Según reza el lema de la Plataforma por una Auditoria Ciudadana de la Deuda, ésta es una deuda que no debemos y que, por lo tanto, no tendríamos que pagar. Lo primero porque es completamente injusto que sea asumida por toda la población cuando los que la han generado son, como hemos visto arriba, únicamente un grupo de privilegiados. Lo segundo, porque como apunta Miguel Montanyà, los rescates no funcionan. Y por último, porque las medidas para tratar de que lo haga nos están empujando, al igual que está pasando en Grecia, Irlanda o Portugal, hacia una auténtica dislocación económica y social. No en vano, la economía española se ha situado a la cola del crecimiento mundial, sólo por delante de Grecia, y las cifras de desigualdad y pobreza no se están sino disparando. Por ello, porque no debemos, y, sobre todo, porque no debemos pagar, esta semana toca volver a movilizarse. No hay otra manera de parar esta estafa.