Alfonso García Mora | El País
Uno de los aspectos más preocupantes desde que comenzara la crisis en España ha sido el elevado volumen de financiación que tiene el sector privado en los mercados de capitales internacionales. El ejemplo más claro es el sector bancario, con vencimientos anuales en torno a los 100 mil millones de euros. En situaciones normales, esta dependencia no debería ser un problema. Sin embargo, la capacidad del sector privado para emitir bonos en los mercados se encuentra muy condicionada, entre otros factores, por la evolución del riesgo soberano, que aproximamos a partir de la diferencia entre el tipo de interés de la deuda española y la alemana. En momentos en los que el riesgo soberano aumenta, se produce un efecto prácticamente directo sobre el resto de emisores privados de ese país, dando lugar a un incremento sustancial del tipo de interés que han de pagar a los inversores para captar nueva financiación. En el extremo, esta demanda puede incluso llegar a ser nula, aún a precios sustancialmente elevados, tal y como ha ocurrido durante algunos meses en los últimos dos años.
De hecho, una de las pocas señales favorables a las que hemos asistido desde la aprobación por parte del BCE del programa OMT a principios de septiembre, y en definitiva desde que se articulara el marco mediante el cual se acotaba el riesgo soberano en España, procede precisamente de la reanudación de las emisiones de los bancos españoles. Como puede observarse en el siguiente gráfico, desde enero a abril se realizaron emisiones por un volumen aproximado de 15 mil millones de euros, para luego entrar en una fase en la que literalmente se “secó” el mercado, y sólo a partir de septiembre han comenzado a realizarse nuevas emisiones. Tanto en 2011 como en 2012, se puede apreciar como los momentos en los que las entidades no pudieron realizar emisiones en los mercados coincidían precisamente con el mayor repunte en el diferencial de la deuda soberana.
Por tanto, toda decisión encaminada a una reducción del diferencial, o por lo menos a evitar repuntes sustanciales como los observados en otoño de 2011 o primavera de 2012, debe ser objetivo prioritario. No ya sólo por el impacto directo que ello tiene en la capacidad de financiación del Tesoro, y el consiguiente efecto sobre los costes financieros de las cuentas públicas, sino también por las consecuencias para el resto del sector privado. El ejemplo más claro es el del sector bancario, que además de verse afectado de forma directa en su capacidad para realizar nuevas emisiones, también tiene un efecto muy importante en el resto de productos bancarios. Tal es el caso de los depósitos minoristas, cuyo coste guarda una elevada correlación con la capacidad para realizar emisiones de bonos, y, en última instancia, con el riego soberano. Esta estrecha interrelación será especialmente relevante durante los tres próximos años, en los que el sector bancario español tiene que hacer frente al vencimiento de aproximadamente 300 mil millones de euros.
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