Amnistía fiscal, ¿por qué aquí sí y en Alemania no?

Alberto Montero Soler - Financial Red

Esta semana acaba el plazo para que todos aquellos que se han enriquecido defraudando a Hacienda durante los opulentos años de la burbuja inmobiliaria puedan lavar su dinero al módico precio de una comisión del 10% de lo que decidan blanquear. Esa es la salida que ofreció en su momento el ministerio de Hacienda a los patrioteros que se llenan la boca de España y las muñecas de pulseras con los colores de la bandera para, a continuación, estafar al resto de sus conciudadanos.

En un país donde la economía sumergida supera ya el 23% del PIB -esto es, más de 240.000 millones de euros- promover una amnistía fiscal al tiempo que el propio impulsor, el ministro de Hacienda, se declara impotente para luchar contra el fraude fiscal no es que sea amoral, es que resulta del género de opereta. Es más, dice mucho de la voluntad de lucha contra el fraude fiscal el hecho de que el objetivo de la amnistía se que afloren en torno a 2.500 millones de euros, es decir, apenas un 1% del monto del dinero negro circulante en el país. La medida, en sí misma, parecía más un llamamiento a la mala conciencia de unos pocos que a la racionalidad económica de los muchos y buena prueba de ello es que, hasta donde sabemos, es decir, hasta el mes de julio, apenas se habían blanqueado 50,4 millones de euros, desde entonces no hay ningún tipo de datos. Así que el resto de ciudadanos, los que cumplen a carta cabal sus obligaciones fiscales, no saben cómo evoluciona el trato preferente que el gobierno ha decidido conceder a quienes han estafado a Hacienda, esa entidad que, según su publicidad institucional, somos todos.

Todo ello contrasta ampliamente con el trato que se da a este delito en otros países de Europa. La semana pasada, la cámara alta del Parlamento Alemán, el Bundesrat, rechazaba el denominado Acuerdo Rubik para regularizar las cuentas no declaradas que tengan los alemanes en Suiza a pesar de que la medida había sido aprobada por el Bundestag, la cámara baja. El Acuerdo proponía regularizar esas cuentas a cambio de un impuesto que se situaba entre el 21% y el 41% de los fondos no declarados, amén de que las cuentas seguirían pagando impuestos sobre los rendimientos obtenidos en el futuro, todo ello a cambio de mantener su opacidad.

El bloqueo del Acuerdo por parte del Bundesrat pone de manifiesto las diferentes percepciones de Estado que tienen las autoridades alemanas y las españolas y que son expresivas, a su vez, de las percepciones de los propios nacionales de sendos Estados sobre sus instituciones. Exigir esfuerzos, apelar al patriotismo, acudir al chantaje cuasi sentimental pretendiendo que a través del sacrificio colectivo se puede salir de la crisis, al tiempo que se habilitan mecanismos para que blanqueen sus capitales sin ningún tipo de penalización -es más, premiándolos ya que ese 10% de comisión es inferior al tipo impositivo de cualquiera de los impuestos que fueron defraudados en su momento-, es la mejor forma de que todo el mundo entienda el doble rasero imperante en el país y que las reglas se hacen con un metro de goma que se estira y se achica en función de a quién se aplique. Y si además nos encontramos con ejemplos de severidad y rigor en el tratamiento de los delincuentes, como ocurre en el caso alemán, las razones para el cuestionamiento de las bases de nuestro pacto social no dejan de aumentar con cada nueva medida del gobierno contra la crisis. 

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Alberto Montero Soler (@amonterosoler) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS. Acaba de publicar junto a Juan Pablo Mateo el libro "Las finanzas y la crisis del euro: colapso de la Eurozona", en Editorial Popular. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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