La Hiedra
Nos encontramos en el ojo del huracán de la crisis, donde está golpeando con más fuerza, para desestabilizar los mercados financieros internacionales y sacudir las posibilidades de recomposición del capitalismo. Rajoy anuncia, entre aplausos en el Congreso, el recorte más bestia de la historia, mientras la policía reprime la marcha minera en Madrid con balas de goma. Las cuestiones bancarias y de la deuda son temas de primer orden, ya que el pago de las pensiones, los hospitales, las escuelas, el paro y las ayudas dependen de que en el corto plazo se resuelvan mecanismos de financiación. Pero el conflicto social y el cierre de los mercados financieros, con fuga de capitales incluida, tienen que ver con cuestiones que van más allá.
Capitalismo zombie
Considerar un éxito el crecimiento de la economía española durante la época de bonanza ha sido un error de gran responsabilidad. Los entusiastas del neoliberalismo habían admirado el proceso de liberalización e internacionalización, la reducción de la tasa de paro y el récord de las inversiones en infraestructuras. Pero el motor del crecimiento era otro, el sector inmobiliario, donde el capital encontraba beneficios muy rápidamente. A medida que los precios de los pisos y los terrenos subían aparentemente sin límite, las inversiones abandonaban cualquier otro sector productivo. Y cuando pinchó la burbuja inmobiliaria, el panorama desolador: la estructura productiva está casi desértica.
Los capitales que desatendían los sectores productivos porque no ofrecían un negocio bastante suculento escaparon –también hacia el mundo de las finanzas, globalizadas y desreguladas. El circuito corto del dinero que consigue más dinero, sin pasar por la producción. Por otro lado, una inmensa cantidad de dinero que las economías exportadoras de Europa obtenían por sus ventas a economías importadoras, como la española y la catalana, era reciclada en los mercados financieros de las mismas. Los bancos y cajas canalizaron estos préstamos hacia la burbuja inmobiliaria. La riqueza tomó forma de inmuebles, fondos de pensiones y de inversión, de bancos, sociedades financieras, títulos, derivados, etc.
De 1994 a 2007, el valor de las acciones y el patrimonio empresarial se incrementó un 469%, el patrimonio inmobiliario un 284% y los activos financieros un 210%. El salario medio sólo un 1,9%1. El valor ficticio de esta riqueza se multiplicaba por la simple cotización al alza de los precios. Y luego ese dinero se prestaba a la economía real, comportando una succión parasitaria de una proporción muy importante de la renta creada en el ámbito productivo, que tuvo lugar en el pasado pero, sobre todo, que debía darse en el futuro.
Salarios y plusvalías están comprometidos con un endeudamiento por un importe irreal y desproporcionado. La economía española debe 4 veces lo que produce durante un año. Pero la morosidad se dispara y los precios de los inmuebles no se pueden ni cuantificar porque el mercado inmobiliario se encuentra colapsado. El capital, pues, ha quedado atrapado en una forma de hacer riqueza que ya no funciona. Este desbarajuste es muy complejo de deshacer y las pérdidas de las cajas son una bomba de relojería, preparada para hacer estallar el sistema bancario. Los cálculos de las necesidades de capitalización de la banca española no están nada claros, pero ilustran la magnitud del problema: diferentes informes indican que carecen de entre 40.000 y 84.000 millones de euros.
Los servicios públicos, no precisamente generosos, se han sustentado con una fiscalidad muy favorable a las grandes riquezas y los beneficios del capital que se nutría de las rentas salariales, ahora en retroceso, y los desaparecidos rendimientos de la actividad inmobiliaria. Los ingresos de las administraciones no se corresponden al nivel de riqueza de la sociedad, porque se basaban en algo ficticio y porque excluyen, o gravan muy poco, a los sectores que concentran los recursos.
El déficit público español se dispara (en 2007, el superávit conjunto de todos los niveles de administración era del 1,9% del PIB, y en 2011 el déficit fue del 8,5%), no porque el nivel de gasto público esté por encima de nuestras posibilidades. El Estado ha socializado las pérdidas bancarias con unos avales, compra de activos y recapitalizaciones que al menos han supuesto el 10% del PIB. Se disparan las alarmas de la prima de riesgo porque no se puede hacer frente al inmenso agujero de la banca. No poder conseguir crédito si no es a precios estratosféricos expulsa la economía y las administraciones de la financiación de los mercados y las empuja a la asistencia de la Troika.
La economía en caída libre
Si las finanzas son el árbol que no nos deja ver el bosque2, sólo con un enfoque desde la economía productiva se puede llegar a un buen diagnóstico. La destrucción del capital productivo está reduciendo la producción, las rentas salariales y el consumo y, de esta manera, la solvencia de los bancos y el saldo fiscal público. La crisis financiera de la zona euro es la expresión de la crisis económica mundial. No sólo por el resultado de unos desequilibrios generados porque últimamente el modelo económico hizo una huida hacia delante muy arriesgada. Debemos entender la etapa actual en el marco de la larga trayectoria del desarrollo capitalista.
Para superar los límites que obstaculizan el crecimiento de la producción y los ámbitos de actuación, el capital encuentra distintas soluciones. Desde los 80, ha sido la internacionalización del capital a escala mundial. La globalización permitió la producción de mercancías incrementada por las transformaciones tecnológicas y los incrementos de la productividad del trabajo porque se conquistaron nuevos mercados, se impulsaron las reorganizaciones y racionalizaciones de la producción para reducir puestos de trabajo e imponer rebajas salariales, y se colocaron los capitales productivos ociosos en nuevos espacios. Aunque las ganancias crecieran coyunturalmente, eran del todo insuficientes para rentabilizar las enormes cantidades de capital que ponían en marcha3. La sobreproducción acosa la economía mundial y la crisis estalla en una secuencia bien conocida: el capitalismo extrema su beligerancia contra las posibilidades de vivir con una cierta dignidad.
Gran parte de los problemas económicos que ahora atraviesa el capitalismo catalán y español tienen su origen en el choque que supuso para la estructura productiva, desarrollada bajo el franquismo, la exposición a la competencia internacional, muy intensificada por la globalización4. La globalización, de la mano de la integración económica y del euro, se llevó gran parte de la producción. Durante los 90 la economía española dependía de capital extranjero, que se deslocalizó a otros territorios como Europa del Este, Asia o África. Dejamos de ser la industria de mano de obra barata de Europa para pasar a ser la demanda importadora, mantenida a base de crédito, para sectores especializados de la industria y servicios de alta tecnología de países exportadores.
La crisis, intrínseca y recurrente, se expresa en la devaluación de la producción, en la purga y concentración de capitales y en la búsqueda de toda serie de ventajas para volver a encender la acumulación. Es una nivelación a la baja de la producción hasta equilibrar la rentabilidad de la inversión. Nos encontramos al principio de un largo camino de derrumbe. Mientras los economistas neoliberales nos intentan convencer de que no hay dinero, el problema es que hay demasiado volumen de capital atesorado y las ganancias no son suficientes.
El rescate de los poderosos
La gestión de la crisis en las finanzas, a golpe de deuda y recortes y concentración en el sector bancario, se ha hecho de tal manera que los riesgos de la banca no se solucionan: se aplazan para más adelante y se hacen más peligrosos. Bankia es un buen ejemplo. El gobierno español, bajo la excusa de evitar que se pierdan los ahorros de la población, se compromete a salvar la banca de todas las pérdidas de la aventura financiera e inmobiliaria. Pero el valor que las entidades tienen anotado en sus balances es irreal y la insolvencia y los impagos quedaron en evidencia.
Retrasar la bancarrota significa sumar pérdidas. Cuando hay que hacer frente a las mismas, los responsables del desbarajuste financiero no tienen ningún miramiento a la hora de hacérselo pagar a las clases populares, destruyendo sus ahorros. Pero el intento de salvar los ahorros está suponiendo un destrozo económico y un empobrecimiento innecesario. Los 100.000 millones de euros se destinan directamente a la banca privada española pero repercuten en las exigencias de recortes draconianos. La asistencia externa conlleva seguir los dictados de la Troika, recogidos en el Memorandum de la condicionalidad del rescate de julio de 2012. Los últimos recortes de Rajoy dejan claro que no se trata del “rescate suave” del que había hablado. Con las medidas, se pretende reducir el déficit público en 65.000 millones de euros en dos años y medio. Es una magnitud muy elevada: el 14% del gasto público total del 2011 –el 19% sin tener en cuenta la Seguridad Social.
Los problemas más inmediatos de la financiación de las administraciones públicas se podrían resolver con operaciones financieras que no sean nocivas para la sociedad (financiación del BCE, emisión de eurobonos, etc.). Sería necesaria una reforma fiscal profunda y una reactivación de las rentas, pero no hay una solución a la vista para la actividad económica. Y la austeridad empeora los daños.
Los mecanismos financieros implementados por la Unión Europea no están diseñados para mejorar los desequilibrios de las economías periféricas, sino para forzar un flujo de recursos de las arcas públicas de la periferia europea hacia los bancos de Reino Unido, Alemania y Francia, principales acreedores externos de su deuda pública y privada. El informe de la Comisión Europea, conjuntamente con el BCE, la Autoridad Bancaria Europea y el FMI, de evaluación independiente sobre las condiciones de elegibilidad del rescate solicitado por el Estado español, así lo recoge5. “La situación del sector bancario español conlleva riesgos potenciales para el resto de la UE y en particular para los países de la zona euro”, debido al impacto directo que tiene en los bancos de Reino Unido, Alemania y Francia, que tienen una “gran exposición a activos del sector bancario español”.
La OIT alerta de los peligros de la “trampa de la austeridad”. Con la priorización del retorno de la deuda y los recortes de gasto público, la actividad económica se ve aún más debilitada y el paro se convierte en estructural. Las medidas económicas, pues, ofrecen unos beneficios inmediatos a las finanzas, pero empeoran el problema básico, el de la economía real. “La acción de la burguesía está cada vez más movida exclusivamente por la voluntad de preservar la dominación de clase”6.
Nos podríamos plantear si otra política económica, como las políticas de gasto y la modulación del comportamiento de las empresas mediante la regulación, podría impedir una recesión tan drástica y reactivar los mecanismos de inversión. Pero la realidad es que no se puede percibir ninguna medida capaz de restablecer la tasa de ganancia. Para salir de las crisis, el capitalismo destruye las fuerzas económicas. Ni la demanda ni las infraestructuras ejercerán un impulso económico suficiente mientras no se hayan purgado los “excesos”, no de las familias, sino del sector inmobiliario en nuestro país y de la sobreproducción mundial. Según la OIT, “la cantidad de dinero sin invertir en las cuentas de las grandes empresas ha alcanzado niveles sin precedentes”7. En el contexto mundial, las tensiones competitivas son muy fuertes y los signos de sobreproducción bastante evidentes.
Más que en ningún otro lugar, en las economías periféricas de Europa, el desmantelamiento de la actividad económica, la expulsión de la fuerza de trabajo y el recorte de los servicios públicos son masivos y desproporcionados. La receta es la “devaluación interna”: reducir los salarios para hacer más atractiva la producción aquí y supuestamente acelerar las exportaciones.
En España los salarios son ya un 6% inferiores a los del 20108. Desde esta perspectiva, el motor económico deberían ser empresas conectadas con cadenas de producción transnacional, que no contarán con la estructura productiva local, o bien lo harán de manera que las ganancias se acaben también exportando mientras empobrece la población. Es el neoliberalismo a ultranza, como el proyecto del EuroVegas, donde las condiciones laborales y cualquier otro tipo de regulación se modulan según los deseos de los empresarios.
Se nos dice que aplican las medidas de Alemania, pero en realidad son las de América Latina. Con un saldo comercial tan deficitario, nuestro encaje en el capitalismo mundial es complicado. Exportar no es una solución cuando nuestros sectores exportadores son escasos y desarrollar la estructura industrial para redirigirse a otros mercados es una tarea que no se puede hacer a corto plazo y menos con una política de reducción de salarios. De hecho, los costes salariales no son un factor que nos permita competir con las economías exportadoras, ya que en otros lugares la producción seguirá siendo mucho más barata, o bien la tecnología mucho más productiva. Además, los mercados están muy debilitados. Alemania está llevando a cabo una expansión salarial para desviar las exportaciones hacia la demanda interna, dado el colapso de la demanda.
Dentro del Euro, siguiendo los mandatos del libre mercado y de la austeridad, los problemas económicos de aquí no se corregirán. No se podrá desarrollar una estructura productiva diferente, que incluya a la población, con la fuerza de trabajo y la demanda interna, como motor económico. La Unión Europea, con el conjunto de medidas de ayuda financiera y de unificación fiscal y bancaria, está generalizando, intensificando y perpetuando la austeridad a costa de perder la poca democracia que teníamos.
La naturaleza de las instituciones europeas es puramente capitalista, son un proyecto del capital, para construir entornos más favorables a la obtención de beneficios por el capital europeo. Pero fuera del euro o de la Unión Europea tampoco parece estar la solución a la crisis. Las instituciones sociales catalanas y españolas están siendo tanto o más favorables al capital que las europeas, y las relaciones comerciales y financieras seguirían siendo igual de complicadas.
La cuestión es buscar soluciones a la crisis fuera del capitalismo: romper con la austeridad y hacer unas medidas económicas que permitan mejorar el bienestar de la población y avanzar hacia una organización diferente de la actividad económica, donde el objetivo de la producción no sean los beneficios sino satisfacer las necesidades de la sociedad. El escenario para hacerlo, dentro o fuera del euro, aún está por construir.
Nosotras y nosotros tenemos la fuerza
Aquí y ahora, las clases populares tenemos muy poca capacidad de incidir en las decisiones que toman los de arriba. La intoxicación de la opinión pública general con discurso oficial, que repite el mantra de la austeridad, no ha llevado a un apoyo incondicional hacia las políticas neoliberales pero sí a una confusión paralizante: después del mal trago de los recortes y el paro nos espera la mejora de la situación económica y laboral.
Nadie nos dice que, si no lo evitamos, después de los recortes y las reformas laborales nos espera más de lo mismo, en una recesión que durará muchos años. Las políticas neoliberales no reducen el déficit público, ni crean puestos de trabajo ni reactivan la inversión. Pero sí hacen saltar por los aires las estructuras de protección social y laboral que hemos mantenido en pie.
Las reformas de las pensiones y de la legislación laboral han sido salvajes, y ahora las desplegarán con inmediatez y hasta las últimas consecuencias. Y añaden recortes por todas partes, con graves efectos en áreas especialmente sensibles: la prestación de desempleo, la atención a la salud de la población inmigrada, el copago de los medicamentos, etc. Sube el IVA, se rebajan las cotizaciones y se recorta a la función pública. El impacto sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora es devastador y se suma al deterioro que hemos venido experimentando anteriormente.
Los recortes draconianos en educación, sanidad y prestaciones que impondrá la nueva situación de intervención harán que la pérdida de derechos sociales se sitúe en un nivel muy superior al que tenemos hasta ahora. Si no lo detenemos, estamos a las puertas del fin de la sanidad universal, de la educación pública y de la protección del paro. Y todo ello afectará muy duramente a la esperanza de vida, el nivel educativo y la pobreza. El rescate de los poderosos está comportando unas consecuencias sociales peores que el advenimiento de una catástrofe. Los recursos más básicos que necesitamos, la convivencia del día a día, están amenazados. Es probable que la respuesta social crezca.
Las posibilidades de que se impulse un cambio de estrategia dentro de las instituciones son reducidas. La mayoría absoluta de la derecha en los gobiernos catalán y español, que aplaude y sonríe a los recortes, la falta de una opción parlamentaria que desafíe los mandatos neoliberales, hacen que el terreno de la política institucional esté condenado a seguir decantándose por la defensa de los intereses del capital. La reciente política represiva, de encarcelamiento y balas de goma, es una muestra de las respuestas del poder ante las protestas.
El sindicalismo institucional ha demostrado que tampoco es un instrumento válido para impulsar una ruptura con el neoliberalismo, porque CCOO y UGT llevan mucho tiempo abrazando la gestión antiobrera del capitalismo y la crisis. En febrero de 2011 formaron parte del Acuerdo Social y Económico, que retrasó la edad de jubilación y recortó las pensiones, y en enero de este mismo año, dos meses antes de la huelga general del 29 de marzo, firmaron con la patronal el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que permite que los empresarios se salten las condiciones laborales pactadas en los convenios, entre otras cuestiones Estos dos elementos han supuesto una enorme pérdida de los derechos más básicos de la clase trabajadora. Por omisión, la incapacidad del sindicalismo institucional para llevar a cabo respuestas contundentes se explica por su falta de combatividad, después de tres décadas dedicadas a la concertación de las políticas laborales neoliberales.
Más allá de todo esto, los movimientos sociales no se detienen y las grandes olas de movilizaciones (huelga general, 15-M, marchas mineras, etc.) cada vez son más frecuentes. El capitalismo en crisis ya está afectando a todos, atacando diferentes aspectos de la vida de las personas. Se desvanece la ilusión de conciliar los problemas sociales con el mantenimiento de una estructura social opresora.
Todas las protestas (laborales, en defensa de la sanidad y la educación, contra desahucios, estafas bancarias, por el territorio, etc.) se expresan como una auténtica lucha de clases. Con muchos esfuerzos y pocos resultados visibles, las luchas siguen adelante, y lo hacen dentro de un marco de movilizaciones por todas partes que van haciendo que los pueblos del mundo vayamos sumando fuerza. Nos toca explorar nuestra capacidad de desafiar un sistema que se impone desde arriba, pero se sostiene desde abajo, porque nosotros trabajamos y pagamos las facturas.
Notas
1. “Barómetro social de España”, Colectivo IOÉ.
2. “Bankia: quan l’arbre no ens deixa veure el bosc”, Gordillo, I., La Directa.
3. “Les llavors de la crisi”, Ferrer, F., Gordillo, I. i Gràcia, X., Quaderns d’Illacrua, La Directa.
4. “Boom and (deep) crisis in the Spanish economy: the role of the EU in its evolution”, Etxezarreta, M., Navarro, F., Ribera, R. i Soldevila, V.
5. “La UE reconoce que el rescate de la banca se forzó para evitar el contagio”, Cinco Días, 13/7/2012.
6. La lucha de clases en Europa y las raíces de la crisis económica mundial”, Chesnais, F., Revista Herramienta.
7. “El trabajo en el mundo 2012”, OIT.
8. “El sur de Europa registra ya una devaluación vía sueldos”, El País, 14/5/2012.
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